El revés de Tara Moore: tribunal desestima demanda contra la WTA

Tara Moore acaba de perder su partido más largo y más doloroso. No fue en una pista, sino en un juzgado de Nueva York. Su demanda por 15 millones de libras (unos 20 millones de dólares) contra la WTA ha sido desestimada, cerrando de golpe una vía de batalla legal que había abierto tras su sanción por dopaje.

La jugadora británica de dobles, de 34 años, sostenía que la WTA, como organismo rector del circuito femenino, no advirtió a las tenistas del riesgo de consumir carne contaminada durante un torneo en Colombia. Ese, defendía Moore, fue el origen de su pesadilla.

El juez de distrito estadounidense Andrew Carter no lo vio así. Desestimó la moción presentada por la jugadora y ordenó “cerrar este asunto”. Un portazo judicial en toda regla.

De número 1 británica a cuatro años fuera

La historia arranca en abril de 2022. Moore, entonces principal especialista británica de dobles y con un mejor ranking de 77 del mundo alcanzado ese mismo año, da positivo por nandrolona y boldenona en un torneo WTA 250 en Bogotá.

Un tribunal independiente concluyó en diciembre de 2023 que la fuente de las sustancias fue carne contaminada. La resolución la declaraba sin “culpa ni negligencia”. El veredicto parecía salvar su carrera.

Pero el respiro duró poco. La International Tennis Integrity Agency (ITIA) recurrió. Y el año pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (Cas) falló a favor de la ITIA. El castigo: suspensión hasta 2028. Cuatro años fuera del circuito. Cuatro años arrancados de una trayectoria que ya estaba en su madurez.

Moore nunca ha admitido haber dopado de forma intencionada. Tras el último fallo, habló con BBC Sport y no escondió su frustración. Definió todo el proceso como una “pesadilla” y apuntó directamente al sistema: “Solo demuestra lo roto que está el sistema antidopaje en el tenis”, dijo.

La ofensiva contra la WTA

Con la sanción firme, Moore cambió de frente. Acudió a la American Arbitration Association y presentó un caso explosivo: acusó a la WTA de no advertir a las jugadoras sobre el peligro específico de consumir carne en Colombia. Según su demanda, ese silencio fue una causa directa de su positivo y de todos los daños posteriores.

El relato de Moore era claro: la WTA conocía un riesgo concreto, no actuó, y después, cuando estalló el caso, “guardó silencio ante un peligro conocido y específico y luego trasladó la culpa de su propia negligencia” a la jugadora. En la moción presentada ante el tribunal estadounidense, reclamaba “no menos de 20 millones de dólares en daños compensatorios”.

El árbitro, sin embargo, no compró el argumento. Respaldó la decisión del Cas y desestimó la reclamación contra la WTA. Moore respondió elevando el caso a la United States District Court en Nueva York, alegando que no había tenido un proceso arbitral justo.

Ahí llegó el último golpe. El juez Carter consideró que el desafío legal de Moore “no estaba justificado” desde el punto de vista jurídico. Sin matices. Sin margen para seguir peleando en esa vía.

Un sistema bajo el microscopio

El caso deja a Moore fuera de las pistas hasta 2028 y con escaso margen de maniobra legal. Pero deja también una sombra incómoda sobre el tenis profesional: la tensión entre la lucha antidopaje y la responsabilidad de los organismos a la hora de proteger e informar a los jugadores.

Moore ha convertido su situación en un altavoz contra lo que considera un sistema fallido. La WTA y la ITIA han sido contactadas para ofrecer su versión, pero por ahora el silencio institucional contrasta con el ruido que rodea a uno de los casos más controvertidos de los últimos años.

La británica ya sabe que no volverá pronto a competir. La pregunta, a estas alturas, es otra: cuántas carreras más pueden torcerse en el laberinto del antidopaje antes de que el tenis se atreva a revisar sus propias reglas.